Acompañamos a PYMEs de la Región de Coquimbo a cumplir la Ley 21.719 de protección de datos personales, la Ley 21.663 marco de ciberseguridad y la Ley 21.595 de delitos económicos. Traducimos la norma y la técnica a un plan claro y accionable: diagnóstico, implementación y acompañamiento mensual.
Tres leyes chilenas —la 21.719 de protección de datos, la 21.663 de ciberseguridad y la 21.595 de delitos económicos— establecen obligaciones exigibles para empresas de todos los tamaños, con plazos definidos y sanciones concretas. El cumplimiento es obligatorio; con el acompañamiento adecuado, también es alcanzable.
Toda empresa que trate datos de clientes, trabajadores o proveedores debe cumplir la Ley 21.719. La APDP (Agencia de Protección de Datos Personales) fiscaliza con plena vigencia desde diciembre de 2026, sin importar el tamaño de la organización.
Ya vigente. Crea la ANCI (Agencia Nacional de Ciberseguridad) y alcanza a toda la cadena de proveedores de empresas críticas: banca, salud, minería y municipios. Si su empresa provee a una organización grande en la Región de Coquimbo, es probable que ya le exijan controles de ciberseguridad.
Ya vigente desde septiembre de 2024. Aplica a toda empresa, incluyendo las unipersonales. Exige un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) proporcional al tamaño, código de ética y canal de denuncias. Sin MPD, los directores responden penalmente.
Nuestro enfoque: los grandes integradores y estudios jurídicos suelen orientarse a corporaciones. EscudoNorte se especializa en PYMEs de 10 a 50 personas, integrando la dimensión técnica y la normativa en una sola solución, a un costo proporcional a la realidad de una empresa de menor tamaño.
En Chile, tres leyes ya vigentes o próximas a regir definen nuevas obligaciones para toda empresa que maneje datos, sistemas informáticos o tenga trabajadores. EscudoNorte te acompaña en las tres.
Si su empresa almacena RUTs, correos, fichas de clientes o datos de trabajadores, la Ley 21.719 le aplica. La APDP fiscaliza con multas de hasta 20.000 UTM o el 4% de los ingresos anuales.
Aplica a condominios, clínicas, colegios, estudios contables, comercio y toda empresa con datos de personas.
Crea la ANCI (Agencia Nacional de Ciberseguridad) y exige estándares mínimos de protección. Si eres proveedor de una empresa grande, banco, clínica o municipio en la Región de Coquimbo, ya te están exigiendo cumplimiento como condición de contrato.
Aplica a OIV, PSE y toda la cadena de proveedores de empresas de servicios esenciales.
Reformó la Ley 20.393 ampliando la responsabilidad penal de las empresas. Toda organización debe tener un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) proporcional a su tamaño, código de ética y canal de denuncias. Sin MPD, los directores responden penalmente.
Aplica a toda empresa en Chile sin excepción de tamaño — el MPD debe ser proporcional a la actividad.
Cada etapa se cotiza y contrata por separado. Comienza con un diagnóstico de bajo costo y avanza según sus prioridades y presupuesto.
Evaluamos la exposición legal de su empresa ante la Ley 21.719 y el estado de sus controles básicos de ciberseguridad. Recibe un informe priorizado: qué es urgente, qué puede esperar y qué no aplica a su caso.
Dejamos todo funcionando con alcance fijo: documentos legales obligatorios (política de privacidad, RAT, contratos DPA, derechos ARCO) y medidas técnicas (MFA, firewall, respaldos, hardening, políticas de seguridad).
Acompañamiento continuo: revisión periódica de controles, actualización de documentos ante cambios normativos, soporte frente a incidentes y gestión de solicitudes ARCO de sus clientes.
Empresas de 10 a 50 personas que gestionan información sensible y no cuentan con un equipo de TI interno dedicado.
Manejan datos financieros críticos de decenas de clientes, con poco o ningún personal TI.
Datos de salud, la categoría más sensible, en software clínico y fichas de pacientes.
Obras dispersas, equipos remotos y exigencias de ciberseguridad como proveedores de mineras.
Bases de datos de alumnos y apoderados, redes WiFi abiertas y sin segmentación.
Pasarelas de pago, datos de clientes y exposición directa ante SERNAC.
Datos de propietarios, cámaras de seguridad, listas de morosos y software de administración en la nube. La Ley 21.719 aplica directamente.
Si su empresa trata datos de personas, la normativa le aplica. Conversemos →
EscudoNorte es una consultora de la Región de Coquimbo especializada en el cumplimiento de la Ley 21.719 de protección de datos personales, la Ley 21.663 marco de ciberseguridad y la Ley 21.595 de delitos económicos. Reunimos más de una década de experiencia en informática y telecomunicaciones, sumada a una trayectoria docente que marca la diferencia: explicamos lo complejo en términos simples, sin jerga técnica ni legal, para que cada decisión de su empresa sea informada.
Perfil técnico-legal: entendemos la tecnología y la normativa. No necesitas coordinar un abogado y un técnico por separado.
Trabajo en terreno: consultora local en la Región de Coquimbo. Visitamos su empresa en La Serena, Coquimbo y alrededores, evaluamos su realidad e implementamos en el lugar. Sin informes genéricos hechos a distancia.
Experiencia docente: capacitamos a su equipo para que la seguridad no dependa exclusivamente de un proveedor externo.
Costos honestos: sin oficinas de lujo ni estructuras pesadas. Pagas por el trabajo, no por la marca.
Preferimos decírtelo de frente:
No reemplazamos asesoría legal formal ni representación ante tribunales.
No hacemos soporte reactivo nivel 1: impresoras, formateos, cableado.
No operamos como SOC 24×7 ni monitoreo en tiempo real.
Si necesitas algo de esto, te recomendamos con quién hacerlo.
Operamos con inicio de actividades ante el SII desde 2012, giro de consultoría informática (620200) y facturación electrónica desde el primer día.
Desde diciembre de 2026 la autoridad fiscalizadora puede aplicar multas de hasta 20.000 UTM según la gravedad de la infracción. Además, cualquier persona puede reclamar por el mal uso de sus datos.
Para el cumplimiento operativo del día a día, no: preparamos los documentos obligatorios y las medidas técnicas. Un abogado solo es necesario para litigios o representación formal ante la autoridad; en ese caso, derivamos con especialistas de confianza.
El diagnóstico toma de 1 a 2 semanas. La implementación completa, entre 4 y 8 semanas según el tamaño y el estado actual de su empresa. Iniciando ahora, llega con margen al plazo de diciembre de 2026.
Cada etapa (diagnóstico, implementación y mantención) se cotiza por separado según el tamaño y la realidad de su empresa. El diagnóstico inicial es de bajo costo y sin compromiso: a partir de sus resultados, conocerá con precisión qué necesita y cuánto cuesta. Escríbanos por WhatsApp y preparamos una propuesta a su medida.
Escríbanos por WhatsApp, cuéntenos sobre su empresa y le indicamos, sin costo, si la normativa le aplica y por dónde conviene comenzar.
Escribir por WhatsApp {{ waDisplay }} (respuesta en horario hábil)Para quien quiera profundizar, estas son las leyes chilenas que fundamentan nuestros servicios de cumplimiento.
Vigencia plena el 1 de diciembre de 2026. Multas de 5.000 a 20.000 UTM. Fiscaliza la Agencia de Protección de Datos Personales.
Ya vigente. Crea la ANCI y obliga a la cadena de proveedores de empresas de servicios esenciales como banca, salud y minería.
Ya vigente. Aplica a toda empresa y exige un Modelo de Prevención de Delitos con código de ética y canal de denuncias.